El Gobierno peruano ha tomado medidas decisivas para agilizar la ejecución de dos proyectos de infraestructura vitales en Lima y Callao: el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la Línea 2 del Metro de Lima. Mediante el Decreto de Urgencia Nº 009-2024, se busca ajustar y optimizar la ejecución de estos proyectos en respuesta a complicaciones imprevistas y retrasos en la construcción, asegurando que se cumplan los plazos establecidos y se mantengan los compromisos con inversionistas y la ciudadanía.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, había anticipado en una entrevista que se estaba preparando un decreto para acelerar los procesos de los grandes proyectos en curso. Este decreto se enfoca específicamente en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ambos esenciales para mejorar la capacidad y eficiencia del transporte en la región. Con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para realizar modificaciones contractuales excepcionales, se espera superar los desafíos técnicos y operativos recientes.
Uno de los principales problemas identificados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es la conexión del nuevo terminal con los puentes modulares que instalará el MTC. La demora en el proyecto del puente Santa Rosa, que debería ser el principal acceso al aeropuerto, obligó al gobierno a optar por soluciones temporales como los puentes modulares. Esto ha creado la necesidad de acelerar la construcción de las vías internas para asegurar un tránsito eficiente desde los puentes hasta el terminal.
El decreto establece que la construcción de estas vías internas se financiará con la retribución trimestral que el concesionario paga al MTC. Los detalles sobre el alcance, procedimiento y plazos para la devolución de este monto se pactarán en la modificación contractual correspondiente. Esta medida es crucial para mantener el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión, tal como lo estipula el decreto.
Para facilitar estos ajustes contractuales, el decreto permite que el Ositrán emita una opinión técnica no vinculante en un plazo máximo de 10 días hábiles. Si Ositrán no se pronuncia en el plazo establecido, se considerará que su opinión es favorable. Esta agilidad en el proceso de modificación contractual es esencial para evitar más retrasos en la ejecución de los proyectos.
Otro desafío importante es la excavación con la tuneladora (TBM) en la Estación E-13 del Proyecto Línea 2 del Metro de Lima. Las discusiones con la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el plan de desvío que causaría caos en el Centro de Lima han sido resueltas, permitiendo que el proyecto avance sin mayores contratiempos. Al igual que con el aeropuerto, el decreto establece pasos claros para las modificaciones contractuales, incluyendo la supervisión y evaluación de Ositrán.
La Contraloría General de la República jugará un papel crucial supervisando la implementación del decreto para asegurar que se cumplan todas las regulaciones y se mantenga la transparencia en la gestión de estos proyectos. El financiamiento para las adaptaciones y acciones urgentes provendrá del presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin necesidad de recursos adicionales del Tesoro Público. Esta medida asegura una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.
Este esfuerzo legislativo no solo busca acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura, sino también garantizar que los compromisos con inversionistas internacionales se mantengan y que las expectativas de la ciudadanía respecto a mejoras en el servicio de transporte se cumplan en los plazos previstos. La emisión de decretos de urgencia permite resolver problemas contractuales y de ejecución de manera más rápida y eficiente que el proceso regular de adendas, que en Perú ha enfrentado obstáculos y rechazo por parte de la Contraloría.
Camilo Carrillo, associate partner de EY Perú, señaló en una entrevista las dificultades que enfrentan los proyectos de infraestructura en Perú, como la línea de metro y el aeropuerto Jorge Chávez. La falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado ha generado costos adicionales para los concesionarios, como en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, donde la ausencia de la vía Santa Rosa obligó a LAP a construir un puente alternativo. En el caso de la línea de metro, la falta de permisos por parte de la Municipalidad de Lima ha impedido que la tuneladora opere eficientemente, llevando a sobrecostos.
Carrillo explicó que normalmente estos problemas se resolverían mediante adendas en el sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP), donde se identifica la responsabilidad de los sobrecostos y se ajustan los pagos. Sin embargo, en Perú, las adendas tienen mala reputación y suelen enfrentar rechazo por parte de la Contraloría, lo que paraliza los proyectos. Como solución a este estancamiento, el gobierno ha emitido decretos de urgencia que permiten resolver estas cuestiones fuera del proceso regular de adendas, permitiendo negociaciones directas entre el concedente y el concesionario sin pasar por el Ministerio de Economía ni la Contraloría. Aunque esta es una solución efectiva a corto plazo, Carrillo advierte que puede llevar a una práctica habitual de evitar el proceso regular, lo que a la larga podría incrementar los costos y complicar más proyectos.
Para mejorar este proceso, Carrillo sugiere que los diversos actores involucrados, como el Ministerio de Transportes, Ocitrán, y la Contraloría, se sienten a negociar directamente para resolver rápidamente los problemas. Esta colaboración podría simplificar y acelerar el proceso de adendas, asegurando que los proyectos de infraestructura se completen a tiempo y dentro del presupuesto. En conclusión, las medidas adoptadas por el Gobierno peruano mediante el Decreto de Urgencia Nº 009-2024 son un paso importante para superar los desafíos en la ejecución de proyectos de infraestructura clave. Si bien estas medidas ofrecen una solución temporal para acelerar el proceso, es fundamental que las autoridades continúen buscando formas de mejorar la colaboración y la eficiencia en la gestión de estos proyectos a largo plazo. La implementación efectiva de estas medidas no solo beneficiará a los proyectos actuales, sino que también establecerá un precedente para futuras iniciativas de infraestructura en el país.
