La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su firme rechazo al predictamen del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, que propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional con el fin de restringir la participación del sector privado en la actividad portuaria y promover su estatización. Esta iniciativa será debatida este miércoles por la Comisión de Justicia del Congreso.
Según AFIN, la propuesta representa un grave retroceso frente a los avances logrados en los últimos 20 años en términos de modernización, eficiencia y competitividad del sistema portuario peruano. El gremio advirtió que la medida pone en riesgo inversiones actuales y futuras clave para el comercio exterior y el desarrollo económico del país.
El gremio recordó que, gracias al impulso privado, el sistema portuario nacional ha mejorado significativamente: el movimiento de carga suelta ha crecido en 72% desde 2011, se ha duplicado el manejo de contenedores alcanzando los 3.5 millones de TEUs, y se han ejecutado inversiones por más de 2,300 millones de dólares, con proyecciones de alcanzar los 3,500 millones. Estas inversiones también han generado alrededor de 50,000 empleos directos e indirectos.
AFIN cuestionó que el proyecto limite la participación del Estado en asociaciones público-privadas a un 40% y por un plazo máximo de 10 años, sin justificación técnica. Según la asociación, con este marco no habría sido posible concretar proyectos estratégicos como el puerto de Chancay. Además, advirtió que la experiencia muestra que cuando el Estado asume funciones empresariales, lo hace con criterios políticos que terminan afectando la eficiencia, como ocurrió con ENAPU en el pasado o actualmente con Petroperú.
Finalmente, AFIN señaló que el proyecto también presenta serios riesgos legales al desconocer contratos de concesión vigentes y compromisos de inversión protegidos por el marco jurídico actual. Advirtió que un cambio arbitrario de reglas podría generar controversias legales y dañar la confianza de los inversionistas. Por ello, exhortó a la Comisión de Justicia a archivar el proyecto por ser perjudicial para la competitividad del país. «El Perú necesita más inversión y desarrollo logístico, no más empresas públicas ineficientes», concluyó el gremio.
