Ante la creciente inseguridad que afecta al servicio de transporte urbano en Lima y la grave amenaza que representan las extorsiones y atentados contra operadores y usuarios, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha lanzado un llamado de urgencia. La ATU ha promovido mesas de trabajo con la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri) para intensificar las acciones preventivas y las investigaciones contra la criminalidad.
Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para abordar la gravedad de la situación. La ATU ha enviado al Ministerio del Interior el oficio N° D-000082-2024-PE, solicitando la convocatoria a una «Sesión de Consejo de Estado», la máxima instancia de coordinación del Estado Peruano. El objetivo es articular esfuerzos entre los tres poderes del Estado y organismos autónomos para enfrentar estos delitos y proteger el sistema de transporte.
Los extorsionadores, operando con impunidad, han intensificado sus demandas de dinero bajo amenaza de violencia. Los principales afectados son los empresarios de rutas de larga distancia, quienes han experimentado un aumento en las amenazas de atentados contra sus vehículos y personal si no cumplen con las cuotas exigidas por los delincuentes.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha reportado más de 1,500 denuncias de extorsión en Lima en lo que va del año 2024, según un informe reciente de Latina Noticias. Este aumento alarmante en la criminalidad ha generado gran preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, el más afectado por esta ola delictiva.
