En el Perú, la brecha de infraestructura asciende a aproximadamente US$120,000 millones. Reducir este déficit requiere una mayor inversión, especialmente del sector privado. Mientras tanto, el Ejecutivo evalúa una propuesta legislativa que plantea redistribuir el IGV para aumentar los recursos de los municipios, pese a que las estadísticas muestran que muchos de ellos no son eficientes ejecutando el gasto. En paralelo, Proinversión tiene en cartera alrededor de 22 proyectos viales que podrían ser concesionados entre 2025 y 2026, con una inversión superior a los US$7,565 millones.
Uno de los proyectos más destacados es la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, con una inversión estimada de más de US$1,500 millones. Esta obra beneficiará a más de 1.6 millones de personas en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el proyecto contempla intervenciones en 902 kilómetros de carretera, así como su operación y mantenimiento. Hasta octubre de 2024, ya había siete postores precalificados para presentar sus propuestas técnicas y económicas.
Otro proyecto relevante es la Vía de Evitamiento de Cusco, que demandará cerca de US$943 millones. Esta vía tendrá una longitud de 14.11 kilómetros e incluirá un túnel, viaductos, puentes e intercambios viales. Su objetivo es ofrecer una alternativa de tránsito eficiente, con un diseño moderno y libre de interferencias, que facilite la movilidad tanto de vehículos locales como de transporte interprovincial.
No obstante, llevar estos proyectos a buen término implica superar importantes desafíos. Un informe reciente del Consejo Privado de la Competitividad (CPC) advierte que uno de los principales problemas de las asociaciones público-privadas (APP) es la demora en los plazos entre la adjudicación y la firma del contrato. Actualmente, ese proceso puede demorar hasta 58 meses. Anteriormente, este lapso era de apenas un año y medio.
David Tuesta, presidente del CPC, señaló que, aunque en 2023 se anunció un número considerable de concesiones, muchas de ellas se arrastraban desde años anteriores. Ahora, sin ese arrastre, ha vuelto a notarse la lentitud del sistema. Según Tuesta, si bien los más de US$7,000 millones que representan estos proyectos son un avance, aún resultan insuficientes. Para cerrar la brecha, el país necesita avanzar más rápido, lo cual implica reducir la burocracia que frena las inversiones.
Desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), se advierte que una cartera de esta magnitud generaría aproximadamente 285,000 empleos formales. Esta contribución sería clave para reducir la brecha de infraestructura, que incluye un déficit de más de 141,000 kilómetros sin pavimentar en la red vial del país. AFIN también subraya que el presupuesto público no basta para atender estas necesidades, y que las APP son una vía efectiva para compartir riesgos con el sector privado y aprovechar la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica que ofrece el Perú frente a otros países de la región.
