La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, se ha convertido en una de las obras públicas más problemáticas para el Estado peruano. A más de una década de su anuncio, el avance físico de la obra apenas llega al 33%, según cifras oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además del escaso progreso, el proyecto ha estado marcado por controversias legales y sobrecostos que superan con creces el presupuesto inicial.
En 2014, el consorcio Kuntur Wasi —conformado por Corporación América y Andino Investment Holding— se adjudicó la concesión del aeropuerto, cuya inversión estimada era de US$658 millones. Sin embargo, en julio de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el contrato fue resuelto de manera unilateral por el Ejecutivo, lo que provocó una millonaria demanda arbitral contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
A inicios de 2024, el Ciadi falló a favor de Kuntur Wasi, ordenando al Perú pagar una compensación de más de US$91 millones (alrededor de S/328 millones) por haber cancelado el contrato sin una causa debidamente justificada. Este revés financiero motivó a la Contraloría General de la República a realizar una auditoría al proceso de concesión, identificando presuntas irregularidades que derivaron en una demanda civil contra exfuncionarios del gobierno de Kuczynski.
El procurador público Amado Enco, quien en esa época se desempeñaba como procurador anticorrupción, presentó una demanda contra los exministros Bruno Giuffra (MTC) y Eduardo Ferreyros (Comercio Exterior), exigiendo una indemnización de US$9.3 millones por los gastos legales en que incurrió el Estado durante el arbitraje. Según la demanda, ambos funcionarios firmaron el oficio que comunicó a Kuntur Wasi la decisión “unilateral e irrevocable” de resolver el contrato alegando “razones de interés público”.
No obstante, Enco advierte que esta resolución se dio apenas tres meses después de que el Ejecutivo firmara la adenda 1 al contrato con la misma empresa, en marzo de 2017. Para el procurador, esta contradicción evidencia una falta de sustento técnico y legal en la decisión de rescindir el contrato. La Contraloría también concluyó que no se detallaron los motivos concretos que justificaran el supuesto “interés público” invocado por el gobierno.
En su informe, la Contraloría señala que los exministros estaban legalmente obligados a verificar y sustentar adecuadamente cualquier decisión que implicara cambios en el contrato. Sin embargo, el reporte concluye que no se presentó ningún análisis técnico que justificara la medida. Además, se menciona a Rosa Nakagawa Morales, entonces directora de Concesiones en Transportes, como otra funcionaria responsable de validar el informe legal que respaldó la cancelación del proyecto.
Nakagawa, en declaraciones a Perú21, sostuvo que su función fue elevar un informe preparado por el Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez sobre los escenarios posibles para resolver el contrato. Añadió que el propio ministro Giuffra había solicitado conocer si el aeropuerto aún era considerado de interés público. También cuestionó el informe de Contraloría, señalando que contiene errores y que el tribunal del Ciadi no consideró relevante el momento en que se sustentó la causal, sino si esta realmente se configuró.
La exfuncionaria afirmó que presentará las pruebas necesarias ante el Poder Judicial y que su participación fue limitada, ya que apenas llevaba 19 días en el cargo cuando se tomó la decisión de anular el contrato. Además, aclaró que no participó en la firma de la adenda ni en los convenios posteriores. Expresó confianza en que la justicia resolverá su situación de forma favorable.
En un intento de retomar el proyecto, el Gobierno de Martín Vizcarra firmó en 2019 un contrato con Corea del Sur para reiniciar la construcción del aeropuerto de Chinchero. En ese momento, el entonces ministro Edmer Trujillo prometió que la terminal estaría operativa en 2024. Sin embargo, a más de cinco años de ese anuncio, ni siquiera se ha alcanzado el 50% del avance de obra.
