La Comisión de Justicia del Congreso de la República no logró concluir el debate del dictamen que busca restringir la participación del sector privado en el sistema portuario nacional. La sesión, realizada la mañana del miércoles, terminó en un cuarto intermedio debido a desacuerdos entre los parlamentarios sobre varios puntos del proyecto. Aunque no se llegó a una votación, la iniciativa legislativa continúa su curso en el Parlamento.
El dictamen ha generado rechazo entre diversos gremios empresariales. ComexPerú expresó su preocupación mediante un comunicado en el que pidió evitar la “estatización de los puertos”. La organización criticó el Proyecto de Ley N.° 9778/2024-CR, impulsado por la bancada de Perú Libre, señalando que limitar la participación privada y otorgar el control mayoritario al Estado pondría en riesgo uno de los sectores más modernos y eficientes de la infraestructura logística del país.
La propuesta plantea modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N.° 27943) para impedir que el sector privado administre en su totalidad cualquier infraestructura portuaria. Según el texto, el Estado mantendría el control predominante, mientras que el sector privado solo podría participar hasta en un 40% y por un periodo de diez años, prorrogable solo una vez. Se permitirían formas de asociación como concesiones, contratos de gerencia, arrendamientos, entre otras modalidades.
Además, el proyecto contempla la creación de una Unidad de Fiscalización y Control de Salidas en los terminales portuarios, que coordinará con la Sunat para supervisar el pesaje e identificación de materias primas y metales. Esta unidad implementaría laboratorios químicos en los puertos y establecería restricciones al despacho de cargas fuera del horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. También se propone modificar el Código Penal para castigar con hasta doce años de prisión a quienes permitan la salida de cargamentos sin autorización o fuera del horario establecido.
Organizaciones como la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) también se han pronunciado en contra. AFIN advirtió que esta propuesta significaría un retroceso frente a los avances logrados en las últimas dos décadas. Según el gremio, la participación privada ha permitido duplicar la capacidad portuaria desde 2011, generar inversiones por más de US$ 2,300 millones y crear cerca de 50 mil empleos, por lo que modificar las reglas actuales ahuyentaría futuras inversiones y afectaría la seguridad jurídica del país.
