Por Juan Carlos Paz Cárdenas, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional
En un contexto global marcado por la intensa competencia logística, la reconfiguración de cadenas de suministro y la creciente demanda de sostenibilidad, el Perú ha dado un paso estratégico para consolidar un sistema portuario moderno, eficiente y preparado para los desafíos del siglo XXI. La reciente aprobación del nuevo Reglamento del Sistema Portuario Nacional (Decreto Supremo N.° 009-2025-MTC) representa una actualización normativa clave que permitirá atraer inversiones de calidad, retener capitales existentes y adaptarse con agilidad a las dinámicas del comercio marítimo internacional.
Este marco regulatorio no surge en el vacío. Se sustenta en tres pilares fundamentales: los mandatos establecidos en la Ley del Sistema Portuario Nacional (modificada el año pasado por la Ley 32048), los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Portuario y las valiosas lecciones aprendidas durante más de dos décadas de concesiones exitosas en el país. Entre sus innovaciones más destacables se encuentra la posibilidad de extender los plazos de concesión hasta por 30 años adicionales, siempre que dichas prórrogas estén vinculadas a compromisos concretos de nuevas inversiones, mejoras sustanciales en la calidad de servicio y alineamiento con los objetivos de desarrollo logístico nacional.
Contrario a lo que podrían sugerir lecturas superficiales, estas extensiones no constituyen beneficios discrecionales. Por el contrario, responden a una lógica económica fundamental: proyectos portuarios requieren horizontes temporales amplios para madurar, dado su alto componente de capital intensivo y su complejidad técnica. Al garantizar estabilidad jurídica y predictibilidad regulatoria, el Estado peruano evita las distorsiones propias de entornos inciertos, fomenta la innovación y protege el valor de inversiones que, por su naturaleza, demandan ciclos de retorno prolongados.
Además, los modelos de análisis económico-financiero que sustentan estas decisiones —conducidos por el MTC, el MEF y Proinversión— aseguran que el canje entre mayor inversión y extensión del plazo preserve el interés público. No se trata de transferencias automáticas de valor, sino de una evaluación rigurosa del equilibrio entre beneficios futuros y compromisos existentes, bajo reglas y metodologías supervisadas por organismos especializados.
El reglamento incorpora otra innovación significativa: faculta a los concesionarios a realizar inversiones fuera del área portuaria cuando estas contribuyan a mejorar la conectividad regional o la competitividad sistémica, implementándose con ello un modelo de desarrollo portuario de avanzada. Este cambio refleja una comprensión contemporánea de lo que constituye un puerto de clase mundial: ya no se trata únicamente de infraestructura y equipamiento dentro del recinto portuario, sino de su capacidad para integrarse con corredores logísticos multimodales, clusters productivos y regiones con potencial de transformación económica.
El proyecto de Yurimaguas ejemplifica esta visión integradora. La empresa concesionaria Copam no solo opera el terminal fluvial, sino que planea construir una carretera de 150 kilómetros que lo conectaría con Moyobamba, atravesando zonas agrícolas estratégicas como Balsapuerto, reconocida por su producción de cacao y café de especialidad. Esta iniciativa trasciende el mero transporte de mercancías: busca tejer redes productivas, reducir costos logísticos para pequeños agricultores, potenciar las exportaciones de la Amazonía peruana y, en última instancia, convertir la infraestructura portuaria en un catalizador de desarrollo territorial inclusivo.
Con 18 países invirtiendo en terminales peruanos, 23 tratados de libre comercio vigentes y puertos como Callao posicionándose como hubs regionales, el Perú no necesita reinventar su exitoso modelo de Asociaciones Público-Privadas. El desafío actual es consolidarlo mediante reglas claras, instituciones técnicas sólidas y una visión compartida de futuro. Este reglamento no limita la competencia: la canaliza hacia criterios de eficiencia y valor agregado. Tampoco crea privilegios: construye confianza inversionista. En última instancia, se trata de transformar nuestra ventaja geográfica en prosperidad sostenible para las próximas décadas.
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