Un nuevo conflicto se presenta en San Juan de Lurigancho. Richard Hidalgo Moreno, de 50 años, es uno de los líderes de la Asociación de Afectados por el Proyecto Anillo Vial Periférico. Un grupo que se opone a la venta de sus viviendas, las cuales son necesarias para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inicie la construcción de una autopista. Este proyecto, que abarca casi 35 kilómetros, tiene como objetivo conectar doce distritos de la capital, generando expectativas sobre su impacto en la movilidad urbana. Sin embargo, los residentes se muestran firmes en su decisión de no ceder sus propiedades, lo que complica el avance de la obra.
Hace algunos meses, él, junto con el otro representante del gremio, Adriano Torres Silva (65), fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por, según afirma, estar grabando los presuntos abusos cometidos por las autoridades durante el intento de desalojo de sus predios. Los residentes de la zona tienen un objetivo claro: no abandonar el asentamiento humano Juan Pablo II, ubicado en el Tramo 2 del proyecto, que abarca las zonas de Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho–Chosica hasta la avenida Ramiro Prialé.
«El proyecto avanzó sin considerar a la gente. Aquí no solo hay viviendas: también hay negocios, emprendedores, universidades y espacios importantes para la comunidad. Esperamos que el nuevo gobierno evalúe si realmente es viable. Incluso hay vecinos que han fallecido debido al estrés y la ansiedad que genera esta situación», declaró Moreno a La República.
La oposición de los vecinos de SJL al proyecto del MTC
El último 18 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que, en la zona de Payet, en Independencia —específicamente en los inmuebles ubicados en el asentamiento humano Manco Inca y las urbanizaciones Víctor Raúl Haya de la Torre y Túpac Amaru—, se iniciaron los trabajos de tapiado de puertas y ventanas de predios ya adquiridos para la construcción del proyecto. Sin embargo, vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) aseguran que la situación en su distrito es distinta.
Según denuncian los residentes, desde hace más de un año vienen ocurriendo arbitrariedades por parte de las autoridades. Alegan no haber sido notificados sobre los desalojos ni sobre las compensaciones correspondientes por sus predios.
«En mi asentamiento hay 85 viviendas y quieren expropiar alrededor de 30. Además, muchos vecinos han reportado amedrentamientos. Llegan a las casas, tocan las puertas y hasta asustan a los hijos, que no tienen nada que ver. No hay transparencia en el proceso», acota Avelino Santiago Rivera, vecino de Lurigancho-Chosica, quien afirma que tampoco han recibido apoyo del alcalde de SJL, Jesús Maldonado.
A ello se suma el testimonio de otro dirigente vecinal. «Están amedrentando a los vecinos. Toca la empresa, toca el MTC, llegan con policías y dicen que si no firman el trato directo, más adelante ‘no les darán nada’, que vendrá maquinaria y demolerán sus casas. Eso es falso y abusivo. La expropiación ni siquiera ha empezado; solo quieren que aceptemos el trato directo», sentencia Hidalgo.
Hidalgo Moreno relata también que, durante un altercado, fue víctima de agresión física por parte del jefe de seguridad de la empresa concesionaria del proyecto. Señala que lo golpearon y le rompieron un diente. Pese a las pruebas de maltrato físico y psicológico, la Fiscalía decidió archivar el caso. No habrá investigación ni responsables. Mientras tanto, la oposición a la construcción de la vía continúa.
¿Qué dice el MTC?
En mayo del 2024, el MTC informó que los propietarios que cedan sus inmuebles para la construcción del Anillo Vial Periférico mediante trato directo recibirán un pago equivalente al valor comercial de sus predios, más un 20% adicional. Además, se contemplaría una compensación por perjuicio económico, dividida en dos modalidades: daño emergente —que cubre hasta seis meses de alquiler provisional para la familia afectada— y lucro cesante —pago por los ingresos que el propietario dejará de percibir si realizaba alguna actividad económica en la vivienda.
No obstante, precisó si los dueños se niegan a aceptar el trato directo, se procedería con la expropiación. Este medio se comunicó con la entidad del Ejecutivo, así como con Provías; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
“El caso es que la población aquí no quiere vender su casa. Lo que sí quiere es que haya una conciliación. Lo que están pidiendo es una reparación de daños y perjuicios. Por los hostigamientos y por querer meterse a sus casas, a querer hacer mediciones sin autorización. No quieren vender porque a dónde van a ir (…) Las grandes constructoras dijeron que ya no hay terreno para construir departamentos”, declaró Moreno.
