La agencia de transportes terrestres, ANTT, aprobó el envío al Tribunal de Cuentas (TCU) del proceso de concesión del Sistema Rodoviário formado por las carreteras BR-116 y BR-324, en Bahía, conocido como Rota 2 de Julho.
“Con la decisión, la directiva autoriza el envío al TCU del conjunto de documentos jurídicos del proyecto —incluidas las minutas del pliego, sus anexos y el contrato de concesión— ya actualizados y consolidados, de conformidad con las directrices técnicas e institucionales del ministerio de Transportes y con las manifestaciones jurídicas de la Procuraduría Federal ante la ANTT”, dijo la agencia en un comunicado.
Según la ANTT, la Rota Dois de Julho comprende una extensión de 663 kilómetros de carreteras. El contrato de concesión tiene capex estimado en 15,7 millones de reales y opex proyectado en 8.000 millones de reales.
El nuevo contrato que se ofrecerá es una relicitación, ya que la administración de estos tramos está actualmente bajo la responsabilidad de la ViaBahia Concessionária de Rodovias.
El contrato original, firmado en octubre de 2009, preveía la explotación de la infraestructura y la prestación de servicios de recuperación, mantenimiento, conservación, monitoreo y ampliación de la capacidad a lo largo de 681km de las carreteras BR-116/324/BA y BA-526/528. A lo largo de los años, sin embargo, la concesión enfrentó dificultades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que llevó a la necesidad de una solución para garantizar la continuidad de los servicios y las mejoras en la infraestructura.
De acuerdo con la legislación brasileña, las empresas pueden devolver contratos de concesión, siempre que haya una solución negociada entre la concesionaria y la reguladora, validada por la Justicia, para viabilizar una nueva subasta.
Según el Ministerio de Transportes, conforme a la agenda divulgada, el pliego del nuevo contrato debe publicarse en julio, con la subasta prevista para noviembre.
La concesión forma parte de una amplia agenda de licitaciones viales planificada para este año, en la cual el gobierno federal espera licitar 14 contratos, totalizando 7.295km de carreteras e inversiones privadas estimadas en hasta 158.000 millones de reales.
Desafíos por delante
A pesar del avance en el proceso, los analistas ven desafíos por delante para la agenda de concesiones viales en Brasil previstas para este año, sobre todo por cuenta del calendario electoral.
“Por más que los contratos de concesiones de carreteras estén bien estructurados y establecidos en Brasil, tenemos que recordar que tendremos elecciones en octubre de este año y hay riesgos de impactos en la velocidad de esa agenda, ya que los agentes políticos estarán comprometidos con la campaña electoral”, dijo Mário Sérgio Lima, analista político de Medley Global Advisors, a BNamericas.
Los brasileños van a las urnas el 4 de octubre para votar por presidente, gobernadores estatales, senadores y diputados federales. En caso de que ningún candidato a la Presidencia o a los gobiernos estatales supere el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, habrá segunda vuelta el 25 de octubre.
“Durante el período de elecciones, que incluye también los meses que anteceden al proceso electoral, históricamente hay una parálisis en varias áreas del gobierno. Incluso con muchos cambios de cargos en la administración pública. Por eso, existen riesgos para la agenda de subastas programadas para el segundo semestre del año”, añadió Lima.
El propio ministro de Transportes, Renan Filho, ya anunció que debe dejar el cargo hasta abril de este año, pues planea presentarse como candidato al gobierno del estado de Alagoas.
A pesar de los riesgos de retraso en las subastas de concesión debido al calendario electoral, los analistas no ven cambios estructurales en la agenda de concesiones y asociaciones público-privadas (APP) en Brasil, independientemente del resultado de las elecciones.
Según especialistas, los políticos brasileños, tanto de izquierda como de derecha, se han mostrado favorables a esa agenda, en el ámbito del gobierno federal y también en los gobiernos estatales.
(La versión original de este contenido fue redactada en portugués)
