En este contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dijo en un comunicado: “Se trata de una de las autorizaciones de discovery más amplias otorgadas en Estados Unidos en un caso relacionado con presunta corrupción en una concesión pública. La decisión permitirá reconstruir con precisión el flujo de fondos entre 2013 y 2016, periodo en el cual Odebrecht operaba su sistema de ‘Operaciones Estructuradas’ y Brookfield adquirió la participación mayoritaria en Rutas de Lima”.
Sin embargo, Brookfield le respondió al municipio: “Esta es solo una orden procedimental para la exhibición de documentos que comúnmente se concede en las cortes de EE.UU. Dejamos en claro que la decisión en referencia no constituye un fallo o siquiera un comentario sobre temas de fondo relacionados a Brookfield o RDL”.
De hecho, la empresa de inversiones en infraestructura a nivel global comentó que, más bien, los tribunales arbitrales internacionales e independientes “sí han establecido que Brookfield adquirió su participación en RDL de buena fe”.
“Las comunicaciones emitidas por la MML son un ejemplo más del uso del sistema judicial para dilatar procesos, confundir a la opinión pública, y así evadir sus responsabilidades contractuales y dilatar los pagos que le corresponde efectuar a RDL”
Agregó que las alegaciones de la MML “son una muestra más del desprecio al Estado de Derecho por parte de la MML y otras entidades del Estado Peruano”, incluida la imposibilidad de RDL de cobrar peajes por la concesión vial que opera en la ciudad de Lima.
“En el pasado, autoridades peruanas fueron invitadas a revisar los libros y archivos de Rutas de Lima, lo que efectivamente hicieron y no encontraron evidencias que sustenten estas acusaciones. Más aún, muchos de los documentos solicitados ya están en posesión de las autoridades peruanas. Por ejemplo, Brookfield ha colaborado activamente con las investigaciones locales y ha compartido información sustancial con la Fiscalía”
