En diciembre, Rutas de Lima (RDL) dejaría la operación de la concesión vial que administra, luego de que -desde el 5 de noviembre- la empresa ha quedado imposibilitada de cobrar peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur.
A través de un comunicado, la concesionaria informó que esta situación ha provocado la pérdida de prácticamente la totalidad de sus ingresos y un rápido consumo de sus reservas de caja operativa.
Previamente, el 11 de noviembre, la empresa había advertido que, si se mantenía la imposibilidad de cobrar peajes, sus reservas se agotarían en tres semanas y se vería obligada a dejar de operar. Ese plazo se cumple el 2 de diciembre.
“El día 2 de diciembre se cumple el plazo anunciado por RDL y en esa fecha tendría que dejar de operar. RDL no está abandonando la operación, pero le es imposible seguir operando sin ingresos ni caja”, indicó el comunicado.
Entre las actividades que realiza la empresa, especificó, se encuentran el recojo mensual de aproximadamente 2,000 toneladas de basura y desmonte, el mantenimiento del pavimento, la atención de emergencias viales y la operación del Centro de Control de Operaciones y del Centro de Control del Túnel Benavides.
También está el mantenimiento de barreras de seguridad, la operación de semáforos en la Panamericana Norte, la implementación del Plan Verano en la Panamericana Sur y el riego y mantenimiento de áreas verdes.
En ese sentido, la concesionaria señaló que es necesario un traspaso ordenado de la concesión para garantizar la seguridad vial y la continuidad del servicio. Pero, advierten que, pese a haber solicitado reiteradamente reuniones técnicas con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), aún no recibe respuesta.
“La MML no parece entender la gravedad y complejidad del tema, y los riesgos y molestias que generaría un traspaso sin las coordinaciones previas indispensables”, refiere el comunicado.
Ante esta situación, RDL reiteró su llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que intervengan y aseguren una transferencia ordenada y segura de la operación, en salvaguarda de los usuarios de la concesión.
Además, a través del comunicado, la empresa y sus accionistas indicaron que se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.
