Las tribulaciones financieras que enfrentan las empresas concesionarias de los corredores complementarios en Lima Metropolitana son un reflejo del deficiente manejo del transporte público y de la implementación fallida de su «reforma». La reciente paralización del servicio del Corredor Morado el 4 de marzo resaltó estas problemáticas, evidenciando discrepancias en la interpretación de los contratos de concesión entre las empresas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Entre los acuerdos alcanzados para abordar esta situación se encuentra la elaboración de un proyecto de ley para establecer un marco normativo que determine las compensaciones que el Estado deberá reconocer y pagar, estimadas en aproximadamente S/ 300 millones por estas empresas. A pesar de haber fijado un plazo de dos semanas para su elaboración, hasta el momento no se tienen noticias del avance del proyecto. Además, surge la incertidumbre sobre la reacción del Congreso ante una iniciativa que podría afectar a los transportistas informales, con los cuales el Gobierno aparentemente mantiene buenas relaciones, a pesar de su falta de cumplimiento de obligaciones fiscales y normativas.
Estas pérdidas económicas son resultado de la operación parcial de los corredores y del Metropolitano, agravadas por el incumplimiento de partes relevantes de los contratos por parte de las autoridades, como la falta de establecimiento de rutas troncales y alimentadoras, y la persistencia de transporte informal en vías clave como la Av. Arequipa y la Av. Javier Prado. Frente a este escenario, el MTC busca implementar un esquema de transferencias estatales para cubrir los costos operativos de los corredores, similar al modelo utilizado en las líneas 1 y 2 del Metro. Sin embargo, surge la pregunta: ¿no sería más efectivo destinar parte de los recursos gubernamentales utilizados en consultorías a mejorar directamente el sistema de transporte limeño?
