Odebrecht pide US$1,200 millones de indemnización al Estado peruano
A Odebrecht no le importó el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con la Fiscalía, y que ha sido legalizado por el Poder Judicial, y demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por la supuesta violación de sus obligaciones en relación al proyecto Gasoducto del Sur. Y exige, sin mayor reparo, el pago de US$1,200 millones como indemnización.
La decisión de la constructora ha incomodado al equipo especial Lava Jato que lidera el fiscal Rafael Vela (ver recuadro) porque la compañía ya había reconocido el desembolso de sobornos para adjudicarse la megaobra, que iba a demandar más de US$7 mil millones de inversión, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
A través de un comunicado, la empresa brasileña justificó la medida alegando que han transcurrido más de tres años desde que el Perú dispuso la “terminación unilateral del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP)” y hasta el momento no se ha convocado a una nueva subasta privada que permita retomar las obras.
En ese contexto, sostuvo que se vio “obligada” a buscar la recuperación de la inversión realizada por OLI Lux –empresa controlada por el Holding Odebrecht S.A.– en el proyecto GSP. Sin embargo, dejó constancia también de que está “dispuesta a encontrar”, junto con el Estado peruano, “una solución que permita suspender el proceso arbitral”.
SABOR AMARGO
La demanda de Odebrecht le cayó mal al gobierno de Martín Vizcarra y así lo hizo saber, sin ambages, el primer ministro Vicente Zeballos, quien expresó su “extrañeza” por esa postura considerando que la firma “está sujeta a un acuerdo de colaboración eficaz”.
“Resulta irónico que, a pesar de que tiene evidencias concretas de corrupción, con carga probatoria suficiente y responsabilidades asumidas y reconocidas, (Odebrecht) tenga todavía la frescura de acudir a un arbitraje”, subrayó.
En conferencia de prensa, Zeballos dijo que el proyecto “sigue siendo prioridad del gobierno”, el cual, confirmó, no recibió una notificación de la denuncia ante el CIADI. Asimismo, desvirtuó una supuesta arbitrariedad del Estado en la cancelación del proyecto del GSP.
“El gobierno se vio obligado a tomar la decisión porque el consorcio del que es parte Odebrecht no alcanzó al cierre financiero”, recalcó.
Esa misma precisión fue hecha por el Ministerio de Economía, que, a través de un comunicado, aseguró que el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a la demanda.
“Es una situación incómoda”
En declaraciones a Perú21, el líder del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que le ha solicitado a la empresa Odebrecht que precise si se reafirma o no en su declaratoria inicial de culpabilidad en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) tras la controversia generada por su demanda ante el CIADI contra el Estado peruano.
“Necesitamos que se esclarezca esta situación incómoda porque genera turbulencia innecesaria, y que libremente digan si han cambiado de postura, y si no se consideran culpables, podamos asumir todas las consecuencias jurídicas de incorporar a la empresa y a sus exejecutivos como investigados”, indicó.
Vela explicó que en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre las partes hay una cláusula que le permite al Ministerio Público usar toda la información proporcionada por la compañía contra ella misma en un proceso penal. Esta sería entregada a la defensa jurídica del Estado, con la que ya se iniciaron las coordinaciones.
TENGA EN CUENTA
- El fiscal Tomás Gálvez pidió el retiro de Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato por supuestamente haber favorecido a Odebrecht al indicar que no tenían procesos abiertos, lo que le permitió recibir los US$132 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.
- Vela replicó que Gálvez “busca generar controversia” y recordó los graves cargos que enfrenta por ser sindicado miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto.
