El lunes 28 de marzo del 2022 diversos medios de comunicación reportaban el inicio del Paro Nacional de Transportistas de Carga Pesada como consecuencia del anuncio del alza de precio de combustible por parte de Petro Perú y que el Gobierno no hubiese tomado medidas acertadas para controlar dicho incremento.
Adicionalmente, el martes 05 de abril se ordenó la inmovilización social obligatoria para Lima y Callao y el cual fue decretado por el Gobierno con Decreto Supremo N° 034-2022-PCM.
Las protestas, como consecuencia del Paro de Transportistas, se tornaron caóticas en distintos puntos del país. Ciudades como Huancayo y Huánuco se vieron afectadas por acciones vandálicas que dejaron una sensación creciente de inseguridad en la ciudadanía. Todo volvería a la calma, el 11 de abril con la Sesión del Consejo de Ministros Descentralizada que se llevaría a cabo en el Coliseo Wanka en Huancayo donde el presidente Pedro Castillo asumiría una serie de compromisos que radican en acciones para minimizar el impacto del incremento del costo del combustible.
El Gobierno optó por hacer una reducción de hasta el 90% del Impuesto Selectivo al Consumidor para los combustibles. Según el Ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, la reducción del ISC generará menores ingresos para la caja fiscal, en un monto aproximado de 250 millones de soles mensuales, por lo cual, precisó, que se hará una evaluación permanente del precio de los combustibles para volver al cobro total del referido impuesto cuando la situación se normalice.
A todo esto, distintas obras públicas y privadas en todo el país se vieron afectadas como resultado del Paro Nacional de Transportistas. Lo anterior, nos lleva a reflexionar que dichas afectaciones conllevaron a la demora en la llegada de materiales, dificultades para el ingreso de los trabajadores a las obras y por consiguiente, el posible incumplimiento de las programaciones de obra.
¿Qué efectos tendrá en la ejecución de las obras públicas y qué controversias podrían presentarse?
Según el Articulo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 162-2021-EF), “el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguiente causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra”.
Habiendo precisado lo anterior, ¿es posible que el Paro de Transportistas ocasione ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista? La respuesta depende claramente si tal hecho afectó la ruta critica del programa de ejecución de obra. Pero hagamos un ejercicio de reflexión, imaginemos una obra en provincia, donde los materiales son transportados desde Lima u otras ciudades; el stock de materiales se reduciría y podría ocasionar que los trabajos programados no se lleguen a cumplir por falta de insumos, no solo ello, el combustible por sí mismo, llega a estas obras en cisternas especiales para su abastecimiento. El bloque de diversos puntos en las carreteras de la Red Vial Nacional impediría la llegada de insumos a obra y por consiguiente, un atraso inminente en las obras.
¿Qué efectos económicos tendrían estos atrasos en las obras? Los Contratistas plantearían solicitudes de ampliaciones de plazo amparadas en el RLCE, y éstos, tal como indica el numeral 199.1 del RLCE, generarían mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.
¿Las Entidades aprobarían dichas ampliaciones de plazo? Los Contratistas podrían solicitar las ampliaciones de plazo; sin embargo, no se garantiza que aún reuniéndose todos los requisitos de forma y fondo, las entidades las otorguen favorables mediante acto resolutivo. Esto generaría la aparición de controversias.
Existen mecanismos de solución de controversias como las Juntas de Resolución de Disputas (JRD) y el Arbitraje, que ofrecen oportunidades para resolver estos conflictos durante la ejecución del contrato; sin embargo, una ampliación de plazo denegado constituiría un suceso que terminaría desgastando a las partes hasta la emisión de la Decisión o Laudo Arbitral. En este punto, las JRD presenta una ventaja competitiva respecto al arbitraje, es posible conciliar y prevenir la ocurrencia de estas controversias, y aún habiendo ocurrido, la JRD puede emitir una decisión vinculante para ambas partes que terminaría resolviendo dicha controversia.
¿Era posible prevenir la ocurrencia de controversias relacionadas a ampliaciones de plazo por el Paro de Transportistas? El principio de gestión por resultados contemplado en la Ley de Contrataciones (art. 1 LCE) implica que los funcionarios apliquen la Norma de Contrataciones y los contratos de forma razonable y proactiva para lograr la finalidad publica. El funcionario público debe ser lo suficientemente proactivo para evitar que estos sucesos (fortuitos) terminen generando impactos negativos en el desarrollo de los contratos de obra y sobretodo, en el ejercicio del gasto público. Es aquí donde las JRD, al ser entes externos pueden motivar a las partes a encontrar soluciones que permitan continuar con los contratos de obra buscando minimizar el impacto en el plazo, costo y alcance.
Otro aspecto fundamental es que se requiere de funcionarios empoderados y protegidos, para lo cual el Rol de la Contraloría General de la República (CGR) es fundamental. Sin embargo, es importante resaltar que la esencia para sobresalir de eventos fortuitos como éste radica más en las personas que en las normas. Se requiere de personas razonables, capacitadas y empoderadas (funcionarios, fiscalizadores, auditores, contratistas, etc.) que apliquen las normas y que tengan la iniciativa de encontrar y ejecutar los mecanismos de solución minimizando el impacto a las obras.
