En el panorama de la inversión pública en Perú, una cifra impresionante destaca: más de S/ 34,000 millones están disponibles para la ejecución de proyectos por parte de entidades públicas. Este vasto presupuesto, facilitado a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), representa una oportunidad significativa para el desarrollo y la mejora de infraestructuras y servicios en todo el país.
Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y universidades públicas son los principales beneficiarios de esta asignación presupuestaria, con topes máximos que ascienden a cifras millonarias. Por ejemplo, los Gobiernos Regionales cuentan con un tope de S/ 16,127 millones, mientras que los Gobiernos Locales disponen de S/ 16,745 millones. Las universidades públicas, por su parte, tienen a su disposición S/ 1,775 millones. Esta distribución equitativa de fondos promete abordar brechas de infraestructura y servicios a nivel descentralizado, contribuyendo así al desarrollo integral del país.
El liderazgo en esta asignación presupuestaria lo ostenta el departamento de Cusco, con un tope máximo de S/ 6,563 millones destinados a proyectos OxI. Le siguen de cerca Áncash y Arequipa, con S/ 3,784 millones y S/ 3,286 millones respectivamente. Esta asignación estratégica de fondos busca maximizar el impacto de las inversiones y garantizar una distribución equitativa de recursos a nivel regional.
Aunque la asignación de fondos es impresionante, lo que resulta aún más alentador es el progreso tangible que se está logrando. Hasta la fecha, se han adjudicado 18 proyectos e inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con un valor total de S/ 293 millones. Este avance demuestra el compromiso y la eficiencia tanto del sector público como del privado en la ejecución de proyectos de calidad y alto impacto.
La colaboración entre entidades públicas y empresas privadas es fundamental en este proceso. ProInversión, como entidad técnica del Estado, desempeña un papel crucial al brindar asesoría y asistencia técnica gratuita a las entidades del gobierno nacional, regionales, locales y universidades públicas. Esta colaboración facilita la articulación eficiente entre el sector público y privado, promoviendo así un desarrollo sostenible y equitativo en todo el país.
