25 abril, 2025

Optimizando Inversión Pública: La Necesidad de Estudios Preinversión Rigurosos

Optimizando Inversión Pública: La Necesidad de Estudios Preinversión Rigurosos

En el complejo entramado de la inversión pública, los desafíos se multiplican, y uno de los más acuciantes es el fenómeno del «pánico a firmar». Este término, que denota la renuencia de los funcionarios públicos a tomar decisiones, tiene profundas implicaciones en la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo. La falta de negociación técnica y transparente conlleva a la proliferación de arbitrajes, aumentando tanto el tiempo como los costos asociados a los proyectos. Esta situación, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una constante en el panorama de la inversión pública.

A nivel local e internacional, los datos reflejan una realidad preocupante. Según un análisis del OSCE, la mayoría de los arbitrajes (64%) tienen como demandante al contratista, evidenciando así la frecuencia con la que las disputas llegan a instancias legales. Además, la falta de estudios de preinversión adecuados es un factor subyacente que agrava la situación. La transición del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a Invierte.pe, si bien buscaba agilizar los procesos, resultó en un relajamiento de los requisitos de estudios de preinversión. Los documentos generados, como las «fichas técnicas» o «perfiles», carecen muchas veces de la profundidad necesaria para una planificación precisa, lo que deriva en presupuestos subestimados y análisis de costo-beneficio poco fiables.

El bajo avance en la ejecución de proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) es solo la punta del iceberg. Menos del 20% de estos proyectos se había ejecutado al cierre del 2023, evidenciando una vez más las dificultades inherentes a la inversión pública. El sesgo hacia la selección del postor de menor precio, sin considerar adecuadamente la calidad técnica y la experiencia, contribuye a este panorama adverso. Sumado a la corrupción, facilitada por la falta de estudios de preinversión robustos, se genera un ciclo vicioso que obstaculiza el desarrollo y aumenta la frecuencia de los arbitrajes.

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