La relación entre el Tren Urbano de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha llegado a un punto crítico con la presentación de un arbitraje por parte del concesionario de la Línea 1 del Metro de Lima. La disputa gira en torno a cerca de S/107 millones, alegando el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del MTC.
En detalle, la empresa, cuyo accionista mayoritario es Aenza (ex Graña y Montero), señala que el MTC les entregó 16 pasarelas en el tramo sur en 2011, pero con serios defectos técnicos. A pesar de informar a la autoridad y comprometerse a subsanarlos, la empresa afirma que estas acciones no se llevaron a cabo. En 2021, la Línea 1 del Metro realizó trabajos preventivos de rehabilitación para garantizar la seguridad de los usuarios, lo que desencadenó la disputa.
A pesar de múltiples reuniones, no se ha alcanzado un acuerdo entre ambas partes, llevando el conflicto al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión de las infraestructuras críticas y la responsabilidad de las partes involucradas.
La concesión del Metro de Lima, que tiene a Aenza como accionista mayoritario, incluye la operación y mantenimiento de trenes y la infraestructura ferroviaria. Con la fecha de término en 2041, la concesión es garantizada por el Estado peruano, pero los desafíos actuales plantean dudas sobre la estabilidad a largo plazo de esta asociación.
