La reciente aprobación de la Ley de Contrataciones Públicas en Perú ha generado un debate intenso en el sector de la construcción. Gremios importantes como la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Construcción e Ingeniería (SNCI) han expresado sus inquietudes respecto a varios aspectos de esta legislación. Entre los puntos más críticos se encuentran las disposiciones relacionadas con los recursos de apelación y la contracautela en los procesos de selección.
Una de las principales preocupaciones de los gremios se centra en el artículo 86 de la norma, que establece la obligación de presentar una contracautela en favor de la entidad contratante para poder interponer una medida cautelar judicial o arbitral en contrataciones superiores a 200 UIT. Esta disposición, según argumenta la CCL, podría limitar la capacidad de los contratistas para resolver conflictos de manera efectiva, al imponer costos adicionales significativos.
Por otro lado, la SNCI ha manifestado su desacuerdo con el artículo 73.2, que establece una garantía para interponer recursos de apelación en los procesos de selección. Esta medida, según la SNCI, podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), al imponerles una carga financiera adicional y dificultar su participación en la contratación pública.
Además de estas preocupaciones específicas, los gremios también han cuestionado las instancias encargadas de resolver los recursos de apelación, señalando que las disposiciones actuales podrían resultar inconsistentes y dificultar el acceso a la justicia para ciertos proveedores, especialmente las pymes. En este sentido, proponen alternativas para garantizar una mayor equidad y eficiencia en el proceso de contratación pública.
