Rutas de Lima condena las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, considerándolas contrarias al Estado de Derecho. La empresa destaca la gravedad de que una autoridad política promueva la saturación de servicios judiciales para desconocer un contrato de concesión. Asegura que estas acciones generan un clima hostil perjudicial para Rutas de Lima y sus inversionistas.
López Aliaga, por su parte, insta a presentar habeas corpus y acciones de amparo contra la concesionaria, acusándola de privar de derechos fundamentales. El alcalde busca presionar al Poder Judicial y llama al Tribunal Constitucional a definir la corrupción que afecta a terceros.
