El Congreso de la República de [País] está inmerso en una reforma crucial de la Ley de Contrataciones del Estado, propuesta enviada por el Poder Ejecutivo y ahora en espera del dictamen de las comisiones de Economía y Descentralización. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha lanzado nuevas modificaciones que delinean el curso de las adquisiciones públicas. Estas actualizaciones, aunque necesarias para algunos, han despertado preocupaciones entre los empresarios y otros actores del sector. La propuesta de la Contraloría de incluir a los contratistas privados en el ámbito sancionador de la ley ha generado inquietudes significativas, particularmente en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que teme el impacto negativo en la ejecución de obras públicas.
Por otro lado, el MEF ha implementado cambios importantes en el reglamento de la ley, centrándose en dos aspectos clave: la ejecución por tramos y las obras que involucran una Junta de Resolución de Disputas. La introducción de una cláusula obligatoria que requiere que las partes involucradas en proyectos de diseño y construcción recurran a la Junta desde la elaboración del Expediente Técnico (ET) pretende prevenir conflictos posteriores durante la fase de construcción. Esta medida ha sido recibida con cierto grado de apoyo, especialmente entre expertos en gestión pública, como Karla Gaviño de la Universidad del Pacífico (UP). Sin embargo, otros, como Camilo Carrillo de EY Perú, plantean dudas sobre su aplicabilidad y eficacia a largo plazo.
El cambio más controversial propuesto por la Contraloría, que busca incluir a las empresas contratadas para obras públicas dentro de su ámbito sancionador administrativo, ha generado un intenso debate en el sector. Si bien algunos argumentan a favor de esta medida como una forma de fortalecer el control y la transparencia en la ejecución de proyectos, otros, como la CCL, la critican duramente, considerándola una extralimitación de funciones que podría obstaculizar aún más la ejecución de obras públicas. Esta controversia pone de manifiesto las tensiones entre los distintos actores involucrados en el proceso de contratación pública y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la rendición de cuentas y la eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura.
