El último viernes, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia histórica en relación con el cobro de peajes en Puente Piedra, administrado por Rutas de Lima. El fallo, resultado de un habeas corpus presentado por el abogado Ramón Pairazaman León, ordenó la suspensión inmediata de la operación, respaldando al demandante en la vulneración del derecho al libre tránsito.
Aunque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su apoyo al fallo y lo consideró un día histórico para el país, es crucial recordar que esta decisión no es definitiva. Los habeas corpus no abordan el fondo de un contrato, sino que se centran en aspectos específicos de la libertad de las personas afectadas. En este caso, la suspensión se basa en la falta de vías alternas adecuadas para el tránsito de los vecinos, y la legalidad del contrato aún está en discusión.
La suspensión del cobro de peajes puede proporcionar alivio a corto plazo para los residentes de Puente Piedra, pero no resuelve el problema subyacente. La necesidad de diseñar contratos más transparentes y cláusulas protectoras contra la corrupción es evidente para evitar situaciones similares en el futuro. La renegociación de condiciones debe llevarse a cabo con calma e inteligencia, sin desacuerdos insultantes.
El fallo del TC generó reacciones inmediatas de Rutas de Lima y su accionista principal, Brookfield, quienes anunciaron medidas legales. La incertidumbre persiste sobre quién asumirá los costos operativos para mantener la vía en condiciones durante la suspensión del cobro de peajes. Los expertos destacan la importancia de la iniciación de procesos arbitrales por parte de la concesionaria para determinar el curso de la situación a corto plazo.
Aunque el TC especifica que la suspensión del peaje continuará hasta que se tomen medidas para garantizar el libre tránsito o se determine la legalidad del contrato, la falta de claridad sobre quién cubrirá los costos operativos crea incertidumbre. La disputa se complica aún más por la identificación de una vía alterna por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que no se ha ejecutado hasta la fecha.
En medio de la controversia, la decisión del TC plantea preocupaciones sobre el equilibrio económico y la seguridad jurídica. Expertos señalan que este fallo podría sentar un precedente negativo para futuras inversiones privadas, especialmente en asociaciones público-privadas y esquemas de concesión. La falta de claridad en la sentencia podría dar lugar a más disputas legales, afectando el bienestar empresarial y generando riesgos para los acuerdos entre el Estado y los inversionistas.
