Desde 2023 hasta la fecha, diversas bancadas del Congreso han presentado al menos cinco proyectos de ley que buscan modificar las condiciones bajo las cuales se cobra el peaje en carreteras concesionadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estas propuestas han generado preocupación en sectores empresariales, debido a que podrían afectar contratos vigentes en 16 concesiones viales supervisadas por Ositran, así como en otras vías concesionadas dentro de la capital.
Las iniciativas plantean desde la creación de rutas alternas que eviten el cobro, hasta la imposición de “tarifas sociales”, el uso obligatorio del telepeaje y la regulación de distancias mínimas entre garitas. Según un análisis de ComexPerú, estas medidas legislativas evidencian una tendencia populista que pone en riesgo la estabilidad jurídica de los contratos de concesión y el financiamiento de infraestructura vial.
Uno de los proyectos, el PL 4024/2022 presentado por la congresista Digna Calle (Podemos Perú), propone que se habiliten rutas alternas a todos los peajes de Lima Metropolitana. Comex advierte que esta medida desconoce que las tarifas se establecen sobre la base de estudios previos que consideran la inversión, operación y mantenimiento de la vía. Generar rutas alternas permitiría evadir el pago de peajes, afectando la sostenibilidad de las concesiones.
Un planteamiento similar se encuentra en el PL 11195/2024-CR, de Segundo Acuña (Honor y Democracia), que busca que toda nueva concesión incluya una cláusula obligatoria para construir rutas alternas libres de peaje. Comex señala que esta medida implicaría modificar condiciones ya pactadas en contratos vigentes, lo cual podría exponer al Estado a litigios millonarios. Además, la construcción de nuevas vías alternas requeriría inversión pública significativa y, en muchos casos, sería inviable por la complejidad geográfica del país.
Otro proyecto controversial es el PL 7090/2023-CR, de Segundo Montalvo (Perú Libre), que plantea la implementación de “tarifas reales y sociales” para todos los peajes del país. Para Comex, esta propuesta introduce criterios ajenos a los que rigen actualmente los contratos, los cuales se basan en estudios técnico-económicos previos. El gremio sostiene que, si el objetivo es evitar aumentos injustificados, la solución está en reforzar los criterios técnicos en la etapa previa a la concesión y fortalecer la fiscalización por parte de Ositran.
En la misma línea, el PL 9866/2024-CR, presentado por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), plantea que el cobro de peajes se realice exclusivamente a través del sistema de telepeaje y flujo libre. Aunque ComexPerú valora el uso de tecnología para modernizar la recaudación, advierte que imponer este modelo a todas las concesiones ignora las diferencias técnicas entre carreteras y los costos adicionales de implementación, además de afectar los términos pactados en contratos en curso.
La propuesta más reciente también proviene de Wilson Soto. El 12 de agosto presentó el PL 12072, que plantea establecer una distancia mínima obligatoria entre estaciones de peaje. Según el texto, no podrían ubicarse a menos de 50 kilómetros del límite urbano ni a menos de 100 kilómetros de otro peaje en la misma vía. Comex cuestiona la falta de sustento técnico detrás de estas distancias arbitrarias, lo que podría generar distorsiones operativas.
El gremio empresarial subraya que estas propuestas responden, en muchos casos, a presiones sociales y percepciones políticas antes que a análisis técnicos. Regular el sistema de peajes sin una evaluación rigurosa no solo pone en riesgo el cumplimiento de los contratos vigentes, sino también el atractivo del país para nuevas inversiones en infraestructura.
Comex alerta que la aprobación de estas leyes podría derivar en una menor calidad de los servicios viales, demandas legales contra el Estado por incumplimiento de contratos, y una carga económica adicional para el presupuesto público, que tendría que asumir compromisos previamente delegados al sector privado.
En conclusión, el gremio insta a que cualquier modificación al sistema de peajes se base en criterios técnicos, respeto por los contratos y una visión de largo plazo que priorice la sostenibilidad de las inversiones, sin caer en medidas populistas que pueden comprometer el desarrollo de la infraestructura del país.
