En una investigación liderada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se revelaron hallazgos relacionados con el contrato entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para la concesión de la carretera Panamericana y la autopista Ramiro Prialé. Según la Defensoría, el análisis señala irregularidades, como cambios en la condición del contrato de autosostenible a cofinanciado, con transferencia de cobro de peajes y pagos directos al concesionario, incumplimientos de normativas de inversión público-privada, y vulneración del Código de Defensa del Consumidor. Rutas de Lima respondió acusando a la Defensoría de errores e imprecisiones.
La investigación concluye que la MML debería haber buscado la nulidad del contrato de concesión en lugar de intentar rescindirlo, y destaca la falta de consulta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre cambios en el financiamiento estatal. Además, se señala el incumplimiento de la Ley N° 15773 en la instalación de peajes, y se destaca un perjuicio acumulado de más de S/20 millones a los usuarios por redondeos en contra de sus intereses. Rutas de Lima argumenta que la Defensoría carece de competencia y acusa hostigamiento sistemático, mientras que la Defensoría sostiene que las acciones de la empresa comprometen el sistema de concesiones en el país y la credibilidad del Perú como destino seguro para la inversión extranjera.
En resumen, la investigación revela irregularidades en el contrato de concesión entre Rutas de Lima y la MML, incluyendo cambios en la financiación, transferencia de peajes, incumplimientos normativos y perjuicio económico a los usuarios. La respuesta de Rutas de Lima niega las acusaciones y acusa a la Defensoría de hostigamiento, mientras que la Defensoría destaca la importancia de buscar la nulidad del contrato y critica la falta de consulta al MEF, resaltando la afectación al sistema de concesiones y la credibilidad del país en términos de inversión extranjera.
