Hablar de movilidad en el Perú no debería limitarse a contar vehículos, ampliar vías o calcular los minutos perdidos en el tráfico. Detrás de cada desplazamiento existe una manera de construir ciudad y un mensaje sobre cuánto valoramos el tiempo, la seguridad y la calidad de vida de las personas.
Si alguien debe salir dos horas antes de casa para llegar al trabajo, si un peatón cruza una avenida con miedo o si el transporte público compite por pasajeros en lugar de funcionar como un sistema integrado, la ciudad está comunicando algo. Nos dice que el tiempo de las personas importa poco, que el espacio público se gestiona de manera deficiente y que la convivencia vial todavía no se entiende como una responsabilidad colectiva.
Las cifras reflejan lo que millones de ciudadanos experimentan todos los días. Según el TomTom Traffic Index, durante 2025 recorrer diez kilómetros en Lima tomó más de 51 minutos en la hora punta de la tarde. En todo el año, los conductores perdieron alrededor de 195 horas debido a la congestión. No estamos ante una simple incomodidad urbana, sino frente a un problema que reduce la productividad, incrementa los gastos de las familias y afecta el bienestar de quienes pasan buena parte de su vida trasladándose.
El impacto económico tampoco es menor. Un análisis del Banco Central de Reserva del Perú estimó que las horas adicionales empleadas en los desplazamientos y el mayor consumo de combustible podían representar un costo cercano al 2.4 % del producto bruto interno. Sin embargo, la consecuencia más grave no se mide en dinero. Durante 2025, el país registró más de 88 mil siniestros de tránsito, 55 mil personas lesionadas y 3,428 fallecidas, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC.
Estas cifras deberían impedir que continuemos tratando el tránsito como un asunto secundario o exclusivamente municipal. Cuando desplazarse significa exponerse permanentemente al riesgo, la movilidad debe asumirse como una política relacionada con la seguridad, la salud y el bienestar de la población.
La movilidad puede contribuir a construir una mejor ciudad, pero también puede profundizar sus problemas. Todo depende de cómo se planifique, se gestione y se comunique. Cuando facilita el acceso al trabajo, la educación, la salud y otros servicios, conecta a las personas y mejora su calidad de vida. En cambio, cuando se desarrolla sin planificación, fiscalización ni una visión de largo plazo, termina agravando el desorden y las desigualdades urbanas.
Medellín ofrece una experiencia interesante. Su sistema de transporte no solo integró metro, líneas de metro cables, tranvías y buses, sino que desarrolló la denominada Cultura Metro, un modelo educativo y social orientado a promover la convivencia, el cuidado de lo público y la apropiación ciudadana del sistema. El trabajo comenzó incluso antes de que el metro iniciara sus operaciones.
La lección es clara y no basta con construir infraestructura. También es necesario construir confianza, comportamientos y sentido de pertenencia alrededor de ella. Una obra puede modificar la forma en que las personas se desplazan, pero solo una gestión social y comunicacional sostenida puede transformar la manera en que se relacionan con su ciudad.
En el Perú también necesitamos recuperar el concepto de proximidad. Una ciudad mejor planificada permite acceder a educación, salud, trabajo, comercio y recreación sin realizar desplazamientos excesivamente largos. Esto no supone enfrentar al automóvil con la bicicleta o al peatón con el transporte público. Significa comprender que cada medio debe cumplir una función dentro de un sistema integrado, ordenado y seguro.
A ello se suma el desafío ambiental. En 2025, el Perú registró una concentración promedio de material particulado PM2.5 casi cuatro veces superior al valor anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El transporte no explica por sí solo esta situación, pero sí forma parte de una conversación pendiente sobre la renovación del parque automotor, la fiscalización de las emisiones y el ingreso de tecnologías más limpias y eficientes.
En este escenario, la comunicación estratégica cumple un papel decisivo. Comunicar movilidad no consiste únicamente en desarrollar campañas de educación vial o informar sobre el cierre de calles cuando una obra ya comenzó. Implica escuchar a los ciudadanos, explicar los beneficios y costos de las decisiones, transparentar los procesos y generar acuerdos entre autoridades, empresas, transportistas y comunidades.
Sin una comunicación que acompañe el cambio desde el inicio, cualquier reforma corre el riesgo de ser percibida como una imposición técnica. Con información, diálogo y participación, la movilidad puede convertirse en un verdadero acuerdo social.
El Perú debe dejar de mirar el caos vehicular como una fatalidad cotidiana. Superarlo requiere infraestructura, tecnología, fiscalización e institucionalidad, pero también una visión de sostenibilidad que coloque a las personas en el centro. Porque la movilidad, antes que tratar sobre vehículos y asfalto, trata sobre el tiempo, la seguridad y la dignidad de quienes habitan la ciudad. Y la manera en que una sociedad permite que sus ciudadanos se movilicen también comunica cuánto los valora.
