En enero, ocho empresas operadoras de concesiones viales anunciaron aumentos en los peajes, justificados por factores como el tipo de cambio y el Índice de Precios del Consumidor. Mientras la mayoría de los peajes internos subirán entre 10 y 20 centavos, Rutas de Lima aplicará un aumento de S/1, alcanzando S/7.50, a pesar de no haber iniciado obras obligatorias. La demora se atribuye a la falta de entrega de terrenos por parte de la municipalidad, dejando al municipio sin ingresos por derechos de concesión.
La noticia ha generado indignación ciudadana, ya preocupada por tarifas elevadas. Además del impacto directo, se prevé un aumento en servicios como el transporte interprovincial. La situación invita a cuestionar la justicia de los precios actuales y futuros, así como la idoneidad de los contratos públicos que los permiten. A pesar de la importancia de respetar los contratos para la solidez institucional, surge la pregunta sobre la equidad y la responsabilidad en la firma de estos acuerdos.
El panorama se complica con la concesión de nuevos corredores viales por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a ProInversión, sumando 6,396 km de carreteras y potenciales nuevos peajes. Ante esto, surge la preocupación sobre las medidas que el Gobierno está tomando para evitar errores pasados y prevenir la corrupción en futuras concesiones. La incertidumbre persiste, planteando la interrogante sobre si se han aprendido las lecciones del pasado.
