El proyecto de irrigación Majes-Siguas II ha emergido como un símbolo de los desafíos persistentes que enfrenta Perú en la realización de proyectos de inversión. En medio de disputas y contramarchas, este proyecto emblemático ahora se dirige hacia un tribunal arbitral internacional. En septiembre del 2023, el consorcio Angostura Siguas, vinculado con la española Cobra, anunció la resolución del contrato de concesión, desencadenando un proceso de «trato directo» que podría extenderse por al menos seis meses. Sin embargo, la controversia respecto al órgano competente para resolver el conflicto persiste entre el Gobierno Regional de Arequipa y Cobra, evidenciando las complejidades inherentes a proyectos de esta envergadura. Este caso, junto con otros proyectos destacados como la Línea 2 del Metro de Lima y el proyecto del aeropuerto de Chinchero, refleja una tendencia preocupante: muchos de los proyectos de inversión más grandes del país terminan siendo disputados en tribunales arbitrales internacionales.
El aumento de las disputas de inversión que involucran a Perú en el ámbito internacional plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente la inversión extranjera. Expertos señalan que esta tendencia no es exclusiva del país, sino que refleja un fenómeno global asociado al incremento de las inversiones transnacionales y los tratados de libre comercio. Sin embargo, el hecho de que Perú figure entre los países con mayor número de demandas sugiere la necesidad de una reflexión profunda sobre las prácticas contractuales y la capacidad institucional para resolver conflictos de manera eficaz.
Una de las razones clave detrás de la frecuencia con la que Perú se ve envuelto en disputas arbitrales es la inclusión de cláusulas de resolución de controversias en los contratos de asociación público-privada (APP). Aunque estas cláusulas son comunes y buscan fomentar la inversión, también pueden exponer al Estado a litigios costosos y prolongados. Además, el aumento de los arbitrajes de índole contractual sugiere posibles deficiencias en la capacidad del Estado para cumplir con los compromisos asumidos en estos contratos, lo que a su vez puede afectar la percepción de estabilidad jurídica y la atracción de inversiones a largo plazo.
