Tal como se ha evidenciado en el último plazo de convocatoria para el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona, la ausencia de interesados ha suscitado diversas interrogantes y preocupaciones. La falta de participación de terceros ha llevado a la consideración de una adjudicación directa al proponente, la compañía de capital chino Terminal Portuario Jinzhao Perú. Expertos legales como Miguel Sánchez-Moreno, socio de Rosselló Abogados, señalan que esta decisión está respaldada por la ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), aunque la última palabra recae en el consejo directivo de ProInversión. Sin embargo, este proceso no está exento de críticas y controversias.
Lucas Ghersi, abogado asesor de la Municipalidad de Marcona, ha planteado cuestionamientos sobre la falta de competencia en el proyecto, atribuyéndola a requisitos financieros que podrían desincentivar la participación. Además, ha señalado irregularidades en el proceso, respaldando su argumento con una acción de amparo presentada ante la Corte Superior de Ica. La necesidad de transparencia y diálogo se vuelve imperativa en este contexto, especialmente para disipar las dudas y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por otro lado, ProInversión destaca los beneficios sociales y económicos que traerá consigo la construcción del puerto, incluyendo un fondo social destinado a obras de necesidad en la región. Este proyecto no solo impactará en la infraestructura portuaria, sino que también se proyecta como un impulsor del desarrollo regional, especialmente en sectores como la minería y el transporte. Sin embargo, la controversia persiste, y la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
