La reciente aprobación en el pleno del Congreso de un dictamen que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) ha generado debates y expectativas en torno a la extensión de la administración de infraestructura portuaria por parte del sector privado. Este cambio permitirá una prórroga de hasta 30 años, lo que ha despertado análisis sobre su impacto en el panorama de las concesiones portuarias en Perú.
El contexto de esta modificación se enmarca en un período de revisión y ajuste de las regulaciones que rigen las operaciones portuarias en el país, especialmente tras controversias recientes. La posibilidad de extender los plazos de concesión ha suscitado interrogantes sobre los criterios de evaluación y la contraprestación adecuada que debe existir para justificar dicha prórroga.
Expertos del sector opinan sobre los posibles beneficios y desafíos que esta medida podría traer consigo. Mientras algunos destacan la oportunidad para fomentar inversiones privadas y mejorar la competitividad del sector, otros expresan preocupaciones sobre los límites que plazos extensos podrían imponer a la capacidad del Estado para evaluar alternativas en un entorno cambiante.
La discusión en torno a esta modificación refleja la importancia estratégica del sector portuario para el desarrollo económico del país y la necesidad de un marco normativo que fomente la inversión privada de manera equitativa y transparente.
