Un impasse económico ha dejado en vilo a los usuarios del corredor Morado, un importante sistema de transporte público en Lima. A partir del próximo lunes 4 de marzo, la flota de buses que cubre la ruta desde la avenida Fernando Wiesse, en San Juan de Lurigancho, hasta Canaval y Moreyra, en San Isidro, suspenderá sus operaciones. La medida, anunciada por Gerardo Hermoza, representante de la concesionaria a cargo, afectará a unos 100,000 pasajeros diarios y a alrededor de 3,000 empleados, incluyendo conductores y personal administrativo.
El motivo detrás de esta paralización radica en la falta de pago de una compensación acordada entre las empresas concesionarias y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La deuda asciende a más de S/ 300 millones, una cifra que, según Hermoza, el ministro de Economía, José Arista, se niega a desembolsar. La propuesta de subir la tarifa como solución ha sido rechazada por considerar injusto que los usuarios paguen la incompetencia de las autoridades. La situación, que se arrastra desde hace ocho meses, ha llevado a la reversión de compras, como un moderno bus de 18 metros con aire acondicionado.
En respuesta, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, asegura que el monto exigido está fuera del control presupuestal y propone buscar una renegociación. La disputa se centra en la validez de la compensación económica en comparación con otros sectores, como telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, donde el Estado establece estos montos. Con aproximadamente S/ 300 millones en juego, Pérez Reyes y el Gobierno buscan una solución para preservar el equilibrio presupuestal sin comprometer el servicio de transporte público, mientras avanzan hacia un modelo más formal y alineado con los objetivos gubernamentales.
Los concesionarios del corredor Morado, representados por Hermoza, plantean como «mínimo» aceptable que el Gobierno presente un cronograma de pagos para asegurar el desembolso de la deuda pendiente. Sin embargo, las negociaciones hasta ahora no han llegado a un acuerdo satisfactorio. Mientras tanto, Raúl Pérez Reyes informa que mantiene conversaciones para postergar la fecha de suspensión del servicio, buscando evitar mayores inconvenientes para los usuarios. La disputa destaca la necesidad de encontrar soluciones equitativas que permitan mantener un servicio esencial para la población sin afectar la estabilidad financiera del Estado.
